La compensación de los sobrecostes de la insularidad de Baleares marcará el pleno del Parlament de este martes con la comparecencia de la consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, reclamada por el Grupo Mixto; y el debate de la proposición no de ley registrada por el Partido Popular el 30 de agosto en defensa del Régimen Especial de Baleares que fue aprobado en Consejo de Ministros en febrero de 2019. La comparecencia de la consellera Sánchez deriva de una proposición no de ley que aprobó el Parlament el 16 de marzo. Todo ello se sustancia tras el acuerdo que el jueves presentaron la presidenta Francina Armengol y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Consiste en la dotación del ‘factor de insularidad', incluido en el REB de 2019, a razón de 110 millones para el primer quinquenio. Baleares recibirá el próximo año 182,7 millones, correspondientes a los 110 del 2022 y 73 por el tiempo transcurrido desde que entró en vigor el Régimen Especial.
De ‘hito histórico' a ‘insuficiente'.
Mientras el PSIB-PSOE celebra el «hito histórico» que supone la aprobación del factor de insularidad; el Partido Popular reclama que se acabe de aplicar el REB y para ello anuncia que en el Senado pedirá a la ministra Montero la aprobación de las medidas fiscales incluidas en el decreto ley aprobado por PSOE y Podemos en el Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2019. El PI califica «insuficientes» los 110 millones anuales; y Més per Menorca advierte que esta cantidad «simplemente sitúa a Balears en la media española de inversión del Estado».
Compensar los sobrecostes.
El Régimen Especial de 2019 determina que «las desventajas de la insularidad de Baleares deben ser corregidas mediante la acción del Estado a fin de establecer un adecuado y justo equilibrio económico interterritorial». Tras el factor de insularidad hay que exigir la aplicación de todas las acciones del REB para compensar los sobrecostes que impactan sobre el conjunto de la sociedad y la economía de Baleares.