La sentencia del TSJIB, pendiente del anunciado recurso ante el Tribunal Supremo, que desactiva la prohibición del alquiler turístico en los edificio plurifamiliares de Palma supone un duro revés a las políticas del gobierno municipal progresista en Cort. La norma aprobada en la pasada legislatura peca, en opinión de los magistrados, de exagerada e indiscriminada aunque, y justo es destacarlo, no cuestiona los objetivos que persigue. Y es que está fuera de toda duda la necesidad de regular una actividad que incide de manera directa en la vida ciudadana, tanto en sus beneficios como en sus consecuencias perjudiciales.
Un ajuste fino
El fallo del TSJIB propone, en definitiva, una justificación más ajustada de la prohibición, que incorpore las razones por la que se aplica en las diferentes zonas y barriadas de Palma. El trazo grueso, fruto de la presión de Més sobre el PSOE para sacar el alquiler turístico de la ciudad, es el hilo conductor del fallo que tira por tierra una vieja reivindicación de determinadas fuerzas políticas, asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas. Las instituciones no pueden obviar que el alquiler vacacional genera ingresos complementarios a numerosas familias, razón de más para evitar una demonización gratuita como principal argumento en su contra.
Una normativa eficaz
Prohibir una actividad es, en muchas ocasiones, la solución fácil y rápida de los problemas; aunque ello suponga serios perjuicios para los ciudadanos. Garantizar la convivencia vecinal debe ser una de las premisas irrenunciables de la futura regulación que el Ajuntament deberá incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando, como también lo debe ser la preservación de los barrios. La gentrificación, y sus consecuencias, es un peligro real que se debe neutralizar sin violentar los derechos de los propietarios.