La Abogacía del Estado acusa a Baleares de «deslealtad» al reclamar las inversiones estatales en las Islas sin haberse reunido antes la comisión bilateral para acordarlas. Así lo expone en las alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad que, con los votos del PI, Més, PP y Ciudadanos, presentó el Parlament contra el Gobierno central al no haber incluido el factor de insularidad en los Presupuestos Generales del Estado de este año. El PSOE, Podemos y Vox se pronunciaron en contra de este recurso, a pesar de que tanto el Estatut d'Autonomia como el decreto ley del Régimen Especial de Balears, aprobado en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, prevén su aplicación. La Abogacía del Estado afirma que el Gobierno no viene obligado a incluir el factor de insularidad –que establece la cuantía de inversiones para Baleares– y cuestiona las cifras aportadas por el Parlament en el recurso.
Incumplimiento del REB.
Mientras el PP, Més y Ciudadanos denuncian el incumplimiento del Régimen Especial y temen que el Gobierno PSOE-Podemos vuelva a incumplir en 2022 lo que determina el REB, concretamente en lo relativo a las inversiones del Estado, la presidenta Francina Armengol declara que mantiene la «presión política» ante La Moncloa para el desarrollo y aplicación del Régimen Especial. Según Armengol, «falta incluir el factor de insularidad en los Presupuestos del Estado» y añade que «estamos negociando para que se recoja en el 2022».
Comunidad mal financiada.
Corresponde al Gobierno central convocar la comisión bilateral Estado-Baleares, pero el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que no se reunirá hasta el 2022. Antes de plantear la ampliación del autogobierno de Balears, hay que garantizar la suficiencia financiera y Balears es hoy una comunidad infrafinanciada. Carece de sentido asumir nuevas competencias si no contamos con suficientes recursos.