Han tenido que ser dos series fotográficas, publicadas en exclusiva por Ultima Hora, las detonantes del acuerdo entre el Govern y la Delegación del Gobierno para la cesión de dependencias del antiguo cuartel de Son Tous como albergue provisional de inmigrantes. La denuncia periodística evidenciaba el trato inadecuado que recibían los inmigrantes ilegales cuando eran interceptados en Balears, en especial en el caso de desembarcos masivos como ocurrió semanas atrás. Los calabozos policiales eran insuficientes para acoger a tantas personas y los espacios que se habilitaban –los aparcamientos de las comisarías– no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.
Lentitud de reflejos.
Cabe preguntarse por las razones de la notable falta de agilidad institucional para resolver un problema creciente, tal y como se advierte en la progresión de pateras que recalan en nuestro litoral. La opción propuesta de manera unilateral por la Delegación del Gobierno junto a la depuradora de Emaya era un auténtico despropósito, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaraba en público que no le constaba la existencia de ningún problema de estas características en Mallorca. La realidad desmintió al integrante del Gobierno y destapó la improvisación con la que se trabaja en esta cuestión.
Algo de sensatez.
Al final se ha producido el milagro de la cooperación institucional entre el Govern y la Administración central en una cuestión –y eso no puede olvidarse– que atañe a la dignidad de las personas. La interlocución ha permitido garantizar que no volverán a repetirse las escenas de las últimas semanas, con personas ‘alojadas' en aparcamientos subterráneos policiales tras su periplo marítimo hasta llegar a la costa mallorquina y balear. Ha costado más de lo necesario, pero al final se han impuesto el sentido común y la humanidad.