Los ayuntamientos de Mallorca afectados en enero de 2020 por la borrasca Gloria sólo recibirán el 30 % de las ayudas solicitadas a Madrid para cubrir los gastos de reparación de los daños provocados por el temporal. La decepción para con el Estado a la hora de responder éste a las demandas de las administraciones baleares no es una novedad. Aunque, en este caso, la tónica general queda agravada por la inflexibilidad de la burocracia de unos organismos estatales que, aún reconociendo la necesidad perentoria de acometer los proyectos de reconstrucción solicitados, se arroga a un reglamentarismo exacerbado para denegar el auxilio económico a Sant Llorenç, Capdepera, Pollença, Escorca o Manacor.
Obras totalmente justificadas
Aún tratándose de obras totalmente justificados –el destrozo fue tangible–, el Gobierno excusa, por un lado, su negativa a la falta de documentación en las solicitudes de ayuda y, por otro, a que la mayoría de las infraestructuras dañadas, pese a formar parte de los respectivos términos municipales, no son de su propiedad, sino de Demarcación de Costas y debería haber sido ésta la responsable de pedir el dinero. El papel todo lo aguanta, pero eso no resta un ápice de cinismo a tal reflexión; máxime cuando son los ayuntamientos quienes de habitud asumen el mantenimiento de paseos marítimos y fueron precisamente quienes los repararon, adelantando fondos propios a la espera de unas ayudas que en inmensa parte no llegarán.
Explotación económica
En ocasiones, algunas propuestas de los partidos nacionalistas pueden frisar con la ocurrencia, pero la de recuperar para Balears las competencias en materia de Costas no es una tontería. Es incomprensible que la gestión del litoral insular se maneje a 700 kilómetros de Mallorca y a casi mil metros sobre el nivel del mar. E intolerable que esta gestión se ciña prácticamente a una cuantiosa explotación económica y una mínima inversión en la zona.