La Conselleria d'Educació ha dado instrucciones para preservar el nombre de aquellos centros escolares en los que se dan contagios de coronavirus. Así, no habrá información oficial sobre qué escuelas públicas o institutos tienen problemas, ni cómo afectan las infecciones a los alumnos y profesores, ni qué medidas se adoptará en los centros para evitar alteraciones en el curso. El Govern informará cada semana del alcance de los contagios sin otro detalle que el cuantitativo, salvo si se ve obligado a cerrar centros.
Derecho a saber
No podemos estar más en desacuerdo con esta política informativa de la Conselleria. Los problemas derivados de la pandemia no son ni deben ser motivo de ocultamiento o criminalización. Al contrario, detrás de ellos hay un colectivo profesional que lucha por superar una situación adversa, y familias que sufren trastornos de conciliación, por no hablar de miedo. La sociedad tiene derecho a conocer qué estragos sociales provoca la pandemia, y dónde lo hace.
Cerrojazo informativo
El ‘apagón' informativo de la Conselleria también genera problemas a los medios. Nuestros lectores se comunican con la Redacción para requerirnos o darnos información sobre el avance del virus en los colegios. Una muestra del interés legítimo de los ciudadanos por recibir y dar información fue la publicación el domingo por la tarde en nuestra web de la primera cuarentena en un colegio de Mallorca. Anoche, la noticia había registrado más de 20.000 visitas con innumerables comentarios. La gente quiere saber. Cegar las fuentes informativas oficiales, impedir que las informaciones sean contrastadas, es lo que hacen los sistemas débiles y los autoritarios. La transparencia es la política que usan los gobiernos que combaten las adversidades junto a las personas y los medios de comunicación. El sufrimiento de familias y profesores debe ser conocido. Hay que apoyar a quienes soportan momentos de calamidad. Y, para ello, hay que saber.