El archivo de la denuncia presentada por la Associació de la Memòria Històrica de Mallorca, en la que instaba a la exhumación de las fosas comunes de las víctimas de la Guerra Civil y del posterior régimen franquista, mediante un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma pone de nuevo sobre el tapete el necesario compromiso de toda la Administración en la localización e identificación de las miles de personas que fueron asesinadas durante aquel funesto período histórico. La jueza no cuestiona el legítimo interés de los familiares en recuperar los restos de sus allegados que fueron asesinados, aunque "admitiendo por completo las tesis de la Fiscalía" precisa que la vía penal no es la adecuada para obtener tal fin ya que el tiempo transcurrido y la amnistía dictada en 1977 hacen imposible exigir responsabilidades a los autores de las matanzas.
Desde la Memòria Històrica ya se ha anunciado la voluntad de presentar el oportuno recurso para revocar la decisión judicial, una vía que no debe descartar "ante la solidez de los argumentos en los que se basa el auto" la obtención del compromiso firme de las instituciones en una colaboración leal para resarcir un agravio inadmisible en un Estado democrático. Tienen que ser las instancias civiles las que acometan de manera ordenada las tareas de exhumación e identificación de los cadáveres para entregarlos a las víctimas, labor de la que "como apunta el auto" debe alejar todo espíritu de venganza o rencor por unos hechos que política y jurídicamente quedaron zanjados hace 32 años. Es inadmisible la actitud hipócrita de las administraciones en esta materia, que sólo ofrecen gestos y palabras en lugar de decisiones y medios para cerrar la reconciliación de la sociedad con su historia.