La monarquía de los Borbones había quedado en tela de juicio durante el gobierno del rey Carlos IV y su ministro Manuel de Godoy. La política de este último, de acercamiento a Francia, culminó con la firma del Tratado de Fontainebleau en 1807. Con este acuerdo se autorizaba la entrada de tropas francesas en España con el objetivo de invadir Portugal, aunque pronto se hizo evidente que esa entrada consentida se había convertido en una ocupación del país. Meses después, a comienzos de 1808 estalló el motín popular de Aranjuez, que obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII. Con las tropas francesas instaladas en Madrid, Napoleón llamó a padre e hijo a Bayona (Francia) y forzó a ambos a abdicar en su hermano, José Bonaparte (también conocido como Pepe Botella). Los españoles, desconformes con la imposición de un líder francés, se alzaron en mayo de 1808 y asumieron por primera vez en su historia la soberanía nacional. Formaron sus propios órganos de gobierno, rompiendo con el Antiguo Régimen: en los territorios donde triunfó el movimiento antifrancés se crearon las juntas locales y, como coordinación entre ellas, la Junta Suprema Central, que convocaría las Cortes Generales.
Fue el 19 de marzo de 1812, día de San José, cuando los españoles aprobaron la primera Constitución de su historia. De ahí viene con el que se la conozca como «La Pepa». El grito de «¡Viva la Pepa!», con el que se celebró su aprobación, bien puede considerarse el primer eslogan político de la edad contemporánea española. Más de 200 años después, se sigue pensando que ese primer texto constitucional fue fruto de revolucionarios y rupturistas, aunque fueron representantes políticos legítimos quienes dieron el «sí» a la conocida también como Constitución de Cádiz. Una similitud más reciente a la sociedad actual sería la Reforma Política aprobada en 1977 por las Cortes Franquistas, que desmontó su régimen y dio paso a la transición democrática, un cambio de sistema desde la legalidad. Entre los 296 diputados de la Cortes de Cádiz, los primeros políticos españoles, predominaba sobre topo el sector eclesiástico, con noventa miembros. También había abogados (56), altos funcionarios (49), militares (30), y catedráticos (15). El número de nobles, por contra, (14) fue escaso. El texto no fue baladí, sino que rompió con el Antiguo Régimen, de feudos y marcados estamentos sociales, y promulgó por primera vez en el país el sufragio (derecho a votar), la soberanía popular, la abolición de la inquisición, el reparto de tierras, la libertad de industria y el sistema de división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
El intento democrático acabó en persecución a los impulsores al regreso, desde Francia, del rey absolutista Fernando VII, que acabó con los aires de libertad de la Constitución de Cádiz. Los partidarios de la Pepa comenzaron a ser perseguidos por los absolutistas. Era tanto el odio de Fernando VII hacia el movimiento, que prohibió la frase «¡Viva la Pepa!» y ordenó perseguir a todo aquel que hacía uso de ella. Los progresistas y liberales, por contra, la hicieron más suya. En la actualidad, la frase ha adquirido un sentido relacionado con la anarquía y la responsabilidad. A alguien que hace lo que quiere o toma decisiones poco razonables, se le responde con un grito crítico de «Viva la Pepa». La obra de las Cortes de Cádiz supone el arranque del estado liberal en España, que tardará todo el siglo XIX en consolidarse. Con él, nacen dos posturas políticas irreconciliables: liberales y absolutistas, que se enfrentarán durante la primera mitad del siglo, durante los reinados de Fernando VII e Isabel II.