Sólo los bonos de carbono con certificación oficial ofrecen a las empresas las garantías esenciales para aplicar modelos eficientes de compensación de emisiones de CO2, según concluye el análisis que ha realizado un grupo de expertos reunidos por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
El trabajo recuerda que en los próximos meses muchas empresas españolas van a poner en marcha programas de compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos de carbono.
Las cantidades de bonos a adquirir son muy importantes, lo que ha atraído el interés de todo tipo de empresas e instituciones que generan esos bonos a través de planes forestales. Las especias vegetales son los organismos vivos más eficientes que hay para captar el CO2 de la atmósfera generado por la actividad humana.
Dada la enorme diversidad de esos emisores de bonos; de los diferentes niveles de calidad de los mismos, de la existencia de diferentes marcos regulatorios y del alto grado de oportunismo que va a generar esta fuerte demanda de instrumentos de compensación de emisiones de CO2, el Instituto Coordenadas decidió reunir al grupo de expertos para analizar la situación.
En el trabajo se constata que el modelo español de certificación a través del Ministerio de Transición Ecológica es de los más solventes y seguros del mundo y que recurrir a la compra de bonos foráneos sin certificar, o de certificación dudosa, se va a convertir en un factor de enorme riesgo reputacional para las compañías con planes visibles de conciencia ambiental, ademas de los peligros sancionadores.
Control de los emisores de bonos
El análisis del Instituto señala dos puntos muy sensibles en el manejo de los bonos de carbono. Por un lado, el control de los emisores de esos bonos. Explica que, por lo general, son empresas o entidades con capacidad para crear zonas forestales con especies vegetales de alta capacidad de absorción de CO2.
Los bonos de calidad, señala el Instituto, son los generados en un entorno muy concreto. Esencialmente, en plantaciones en terrenos con determinada catalogación catastral; con planes de gestión a 30 años como mínimo; con un programa de forestación diseñado y ejecutado por técnicos colegiados con capacidad certificadora y altamente cualificados; con empleo exclusivo de especies vegetales autóctonas que no alteren el entorno; con documentación que garantice la trazabilidad de las semillas y de los reproductores de material vegetal; que cumplen la normativa local y autónomica con modelos empresariales que garanticen el cumplimiento de toda la reglamentación social y de seguridad ambiental.
Frente a este modelo «excelente» de generación de bonos de carbono, el Instituto constata la existencia de empresas y entidades que, por el contrario, sin disponer de certificación fiable, operan por lo general en países con condiciones climáticas favorables para que se registren altos niveles de proliferación forestal; en terrenos no regulados; con planes de tala a corto plazo; con plantaciones de especies invasoras o nocivas para el medio degradando el terreno por sobrexplotación (no hay que olvidar que especies invasoras exóticas pueden absorber cuarenta veces más carbono que una sabina autóctona) y con modelos empresariales donde la ausencia de controles y marcos legales permisivos, generan la explotación de los trabajadores y el olvido de la legislación internaciónal de defensa del medio ambiente es la norma.
Mercado en el que se comercializan
El segundo punto sensible que señala el análisis del Instituto se refiere al control del mercado en el que se comercializan los bonos de carbono. El mayor riesgo de operar con bonos foráneos no certificados por una entidad oficial como el ministerio, exponen los expertos, es el de que se produzca la llamada doble venta, en la que el mismo bono generado por la misma masa forestal es vendido de forma fraudulenta más de una vez a diferentes empresas.
Sólo el registro oficial de cada bono ofrece garantías jurídicas sobre su comercialización como ocurre en España, sobre todo la certeza de que una vez adquirido ha salido del mercado.
Los bonos certificados son más caros, «lógicamente», que los no certificados o con certificación dudosa. Los expertos convocados por el Instituto Coordenadas señalan que hay estímulos monetarios suficientes como para que algunas empresas se decanten por la compra de bonos de carbono foráneos en general de países tropicales.
Cada bono supone una tonelada de carbono absorbida y hay muchas opciones para generar altos niveles de absorción en condiciones de absoluta piratería, con especies vegetales inadecuadas y sin rastro de controles en países con regímenes políticos ágüenos a los valores democráticos y a los Derechos Humanos.
«Los bonos foráneos baratos pueden convertirse», advierte el Instituto, «en un factor de enorme riesgo legal y reputacional para las empresas que los adquieran. ¿Qué empresa de alta visibilidad en el mercado, con presencia bursátil multinacional, con marca asociada a valores éticos y sociales, correría el riesgo de que se conociese públicamente que compra bonos de carbono generados por masa forestales en remotas selvas, que degradan el medio , gestionados en condiciones de explotación infantil laboral y comercializados una y mil veces sin control o garantía alguna?».
Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, sostiene que, «afortunadamente, en España tenemos uno de los mejores mecanismos oficiales de control de los bonos de carbono, con certificación de procesos esenciales para asegurar su calidad. Aquí no hay otra opción que no se la apuesta por la calidad y la seguridad. Cualquier estrategia de reputación social corporativa de cualquier gran empresa puede quedar degradada por una decisión equivocada en este tema».