De Ecuador a Chile pasando por Bolivia y Haití, Cataluña, Francia, Argelia, Líbano, Irak o Hong Kong, las protestas sociales sacuden el globo de norte a sur y de este a oeste, con millones de personas echándose a las calles por razones bien diversas, y aún así estas movilizaciones guardan nexos en común: la falta de un líder claro y la convocatoria de las protestas a través de redes sociales e internet ha resultado fundamental para lograr un éxito de participación tal que ha servido para mostrar al mundo el descontento global de la sociedad. Las protestas 3.0 crecen mientras que la clase política no tiene claro cómo actuar: el tsunami mundial está servido.
Latinoamérica
Haití, Bolivia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia son los puntos calientes del continente americano. Aunque podamos hablar de pobreza, «la chispa de la revuelta tiene más que ver con las expectativas frustradas de una clase media emergente que ve cómo su futuro peligra ante los casos de corrupción y los recortes económicos y sociales», explica Alejandro Navas, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Navarra. Por este motivo, pocos alcanzan a entender cómo Chile, un país considerado el alumno aventajado de las recetas neoliberales ‘con éxito' en Latinoamérica, «está en guerra», según su presidente, Sebastián Piñera. La decisión de subir la tarifa del metro en este país, que tiene uno de los transportes públicos más caros del mundo, todo hay que decirlo, fue la gota que colmó el vaso de los chilenos. El resultado tras más de un mes de protestas es desolador: 17.000 heridos, 2.000 detenidos y 300 personas muertas.
Misma situación de descontento precipitó el pasado mes de octubre otra revuelta popular en Ecuador. La chispa la causó el ‘paquetazo' del gobierno de Lenín Moreno, que incluía un controvertido decreto que suspendía el subsidio a los combustibles: el transporte y la agricultura, los sectores más afectados. 12 días de manifestaciones dejaron 8 muertos, 1.500 heridos y pérdidas económicas por valor de más 1.600 millones de dólares. El gobierno de Ecuador retiró su controvertida medida, pero el daño estaba hecho.
Argentina, por su parte, vive su enésima crisis económica. El peso sigue en caída libre, la población teme otro corralito como el de 2001 y las noticias sobre la herencia envenenada que deja el presidente saliente, Mauricio Macri, que abandona la Casa Rosada tras perder las elecciones en octubre frente al peronista Alberto Fernández, no son nada halagüeñas. Pero como señala con sorna el profesor Alejandro Navas, «los argentinos saben que su país crece de noche, cuando sus líderes políticos duermen».
Más grave es la situación en Haití, donde la corrupción, la desigualdad social y la inflación azotan al país caribeño. A mediados de febrero, salió a luz un informe del Tribunal de Cuentas haitiano sobre la posible malversación de fondos de ayuda al desarrollo por parte de antiguos ministros y altos funcionarios, que incluía empresas afines al presidente Jovenel Moïse. La población se echó a la calle, pero solo consiguieron que se destituyera al primer ministro del país por otro que, por el momento, no ha solucionado nada, mientras que los misioneros religiosos y activistas sociales que realizan labores de ayuda en Haití, han comenzado a abandonar el país.
El caso de Bolivia es más peliagudo. Después de las elecciones del 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral declaró a Evo Morales como ganador por cuarta vez consecutiva. Pero en las calles estallaron los clamores de fraude. La presión de varios frentes terminó en la renuncia de Morales y su partida hacia México, donde ha obtenido asilo político. Posteriormente, sucedió la controvertida elección de Jeanine Áñez como presidenta interina. A casi un mes del inicio de la crisis política, las protestas, violencia y escasez de alimentos siguen vigentes en el país.
Venezuela sigue sumida en una crisis, política y económica, constante. Aunque parece que haya dejado de ser noticia, esta semana han vuelto a producirse nuevas manifestaciones a favor de Juan Guaidó – a quien casi 60 países reconocen como presidente interino –, mientras Nicolás Maduro asegura buscar una solución a la acuciante crisis que atraviesa la nación sudamericana, como la aprobación de un nuevo aumento del salario mínimo en el país, que se situará a partir de ahora en 300.000 bolívares soberanos, unos 18 dólares, al cambio. ¿Es suficiente? En un país con 24 meses de hiperinflación seguidos no lo parece. Y no hay que olvidar que Colombia apunta a sumarse a este tsunami. En 15 meses de gobierno, el presidente Iván Duque no ha logrado conquistar a gran parte de los colombianos, que esta semana han marchado en todo el país contra sus políticas. El detonante de la marcha ha sido la revelación hecha en el Senado de Colombia a principios de noviembre, acerca de la muerte de al menos ocho niños en un bombardeo del Ejército contra organizaciones criminales, que ha provocado la renuncia del ministro de Defensa. Pero parece no ser suficiente para una población que ve cómo la violencia se ha recrudecido en el interior del país. Suma y sigue.
¿Una nueva primavera árabe?
Desde 2011, las condiciones que generaron el caldo de cultivo para lo que entonces se llamó la ‘Primavera árabe' apenas han variado: las condiciones de vida no han mejorado para la mayoría y la desigualdad se sigue incrementando; la relación entre Estado y ciudadanía sigue siendo problemática; y la corrupción estatal sigue vigente.
Las protestas en el Líbano, aun en activo hoy en día, se iniciaron con el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 20 centavos de dólar por día a las llamadas de voz
por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Viber para financiar el endeudadísimo Estado libanés, pero las reivindicaciones han ido más allá. Los universitarios libaneses tomaron las riendas de las multitudinarias y festivas marchas, aunque tampoco han renunciado a bloquear el tráfico y quemar neumáticos. El clamor popular ha logrado
poner de acuerdo a los partidos que forman el gobierno para aprobar un paquete de reformas para salir de la crisis y terminar con el descontento popular, pero la solución está lejos de llegar a su fin.
Argelia vive uno de sus años más convulsos, con protestas masivas y huelgas salvajes desde el pasado mes de febrero. La presión popular logró en abril su primer éxito: el
presidente Abdelaziz Buteflika, que llevaba en el poder desde 1999, renunció a presentar su candidatura. Hubiera sido su quinto mandato, tiene 82 años y en 2013 sufrió un derrame cerebral que lo ha mantenido enfermo, apareciendo públicamente en contadas ocasiones. Desde entonces se han producido detenciones sonadas de empresarios, ex altos cargos del líder argelino y opositores al régimen. La población solo había ganado una batalla, no la guerra.
A menos de tres semanas de las nuevas elecciones presidenciales, pospuestas dos veces este año, que se celebrarán el 12 de diciembre, varios cientos de miles de manifestantes han vuelto a manifestarse en la capital contra la celebración de los comicios, que consideran una continuación del antiguo régimen del expresidente Abdelaziz Buteflika.
Lo llamativo de esta revuelta ha sido el papel clave de los estudiantes, en un país donde el 45 % de la población es menor de 25 años, y en solo seis años la tasa de estudiantes de educación superior ha aumentado hasta el 43 %. Otro factor importante es la feminización
del colectivo estudiantil, donde la proporción de mujeres jóvenes supone ahora dos tercios del total de los estudiantes, y su tasa de graduación es superior a la masculina. Y
aun así, el paro en mujeres es mucho más alto que en los hombres. Por ello, su movilización en estas protestas es masiva e importante.
Al igual que en Irak, donde las mujeres dan forma a la revolución, como enfermeras, coordinadoras, artistas o activistas y su participación está abriendo espacios y cambiando el rol de la mujer en la sociedad. Irak es el quinto mayor productor de petróleo del mundo, pero carece de servicios básicos y el paro va en aumento. Los iraquíes, principalmente jóvenes, desempleados y funcionarios estatales, llevan meses manifestándose convencidos de que la corrupción es la principal causa de que el Estado no pueda ofrecer buenos servicios. El resultado de varios meses de protestas es de 300 muertos y 6.000 heridos,
pero la población no da su brazo a torcer.
¿Qué queda de la ‘revolución de los paraguas' de Hong Kong? Es lo que muchos analistas y expertos se preguntan hoy en día. Este movimiento nacido en 2014 se reactivó para protestar contra una polémica propuesta de ley de extradición ya retirada por el Gobierno chino. Pero ahora los opositores, cada vez en mayor número, buscan una mejora de los mecanismos democráticos que rigen Hong Kong y una oposición al autoritarismo de Pekín. La muerte este mes de un manifestante en una intervención policial ha provocado una
huelga general indefinida durante la que se han producido numerosos incidentes. Esta semana, la aprobación en el Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley que apoya
a los manifestantes ha causado la furia inmediata de Pekín, que está siendo investigada por torturas.
Francia y el ‘procés'
El independentismo ha vuelto a encender Cataluña. Las condenas de hasta 13 años de cárcel a los líderes del procés desencadenaron el pasado 15 de octubre una nueva oleada de protestas y un caos en las calles de Barcelona y otras ciudades sin precedentes en España, donde las reivindicaciones pacíficas acabaron en manos de unos cientos de violentos. Más de 600 heridos y unos 200 detenidos es el saldo de varias semanas de protestas. La fractura social es cada vez más intensa y no hay visos de encontrar una solución satisfactoria a corto plazo.
Mientra, en la vecina Francia, los ‘chalecos amarillos' conmemoraban la semana pasada un año de protestas. Obreros, autónomos, jubilado, parados y jóvenes cansados de falsas promesas han puesto en un brete al presidente Emmanuel Macron, quien ya dio marcha atrás a su intención de aumentar el precio del combustible, detonante de la protesta, pero al que siguen reclamando más gestos, tanto fiscales como políticos. La mano dura sin
contemplaciones del gobierno galo, con despliegues sin precedentes de agentes policiales en París no ha disuadido a los ‘chalecos amarillos', que acusan al presidente y su equipo de «hacer reformas demasiado rápido, sin tener en cuenta a su pueblo».