El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la Ley de Extranjería, que permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
En declaraciones a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004.
Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución de la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso aceptó casi 300.
Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se abstuvo, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergència i Unió y el PSOE respaldaron la nueva norma.
Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, aseguró que esta reforma no servirá para frenar las «avalanchas» de inmigrantes en situación irregular.
A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el «coladero» de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias.
Tras lamentar que el texto no prohíba las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, acusó al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, al que se reconocen derechos pero «no obligaciones».
Consideró también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y que las CCAA puedan formalizar convenios en temas migratorios con otros países.