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Ausbanc demandará a Endesa por la fuga de Ascó y le exigirá 40 millones

El abogado de la acusación solicita la retirada de la concesión a la eléctrica por una actuación negligente

Una mujer tomando el sol en la localidad tarraconense de Ascó, en las proximidades de la central nuclear. Foto: EFE

EFE-BARCELONA

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) anunció ayer que, en los dos próximos meses, presentará una demanda contra Endesa por la fuga de Ascó (Tarragona) de noviembre del 2007, en la que exigirá a la eléctrica indemnizaciones por valor de, como mínimo, 40 millones de euros.

El letrado de los servicios jurídicos de esta agrupación, Aitor Beldarrain, afirmó que, más allá del expediente administrativo que gestiona el Gobierno, Ausbanc, quiere impulsar una acción en favor de aquellos ciudadanos afectados que tienen derecho a ser indemnizados. Por ello, Beldarrain explicó que exigirán a Endesa unos 40 millones de euros, divididos en tres grupos y diferentes cuantías, siguiendo un baremo indemnizatorio «ecuánime», más allá de que cualquier persona solicite mayores cantidades a título individual.

Daños morales

Un primer grupo estaría formado por las 750 personas, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que trabajaron o pasaron por el emplazamiento radiactivo y, para las cuales, exigirían 3.000 euros por persona por «el daño moral sufrido», derivado de las «revisiones para medir el impacto radiológico, las cuales, posiblemente, deban mantenerse de por vida».

Según explicó la delegada de Ausbanc en Catalunya, Montse Andrés, en este grupo se incluye a los menores de edad que visitaron la central, para los cuales se piden 4.000 euros por afectado, teniendo en cuenta la mayor fragilidad de la infancia ante impactos radiactivos.

El segundo grupo incluye a los habitantes del municipio de Ascó, para los que se demandan 2.000 euros por individuo, por los posibles riesgos radiactivos que puedan existir y los daños morales derivados de la ausencia de información ante la fuga. El tercer grupo incluye a todos los habitantes de la comarca de Ribera d'Ebre por la merma en la actividad económica particular y de los comercios, y para los que piden mil euros por persona.

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