Las objeciones de padres contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) han crecido en las dos últimas semanas a razón de cien diarias y llegan ya a las 30.460 como mínimo, según asegura la asociación Profesionales por la Etica.
«A unos meses de implantarse la asignatura en todas las comunidades españolas, observamos que la demanda de información de los padres se está incrementando», aseguró el presidente de Profesionales, Jaime Urcelay, en un comunicado.
Los padres, prosigue, se están organizando en nuevas plataformas que surgen por toda España en defensa de la libertad de educación; el movimiento objetor cuenta con 83 asociaciones repartidas por toda España, agrega.
Denuncia
Urcelay denuncia que el plan de reformas anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, en el Congreso ofrece «un sorprendente paralelismo con el currículum de Educación para la Ciudadanía».
«Cuando Fernández de la Vega anuncia una laicidad impuesta desde el Gobierno -explica Urcelay- en realidad está diciendo «laicismo», es decir exclusión del hecho religioso, concretamente del cristianismo y del catolicismo, de la vida pública».
Según Urcelay, para el Gobierno «no se trata de aplicar la Declaración de Derechos Humanos de 1948», sino de «inventar nuevos derechos (como el aborto) suprimiendo otros (como el derecho a la vida del no nacido)».
Profesionales por la Etica, una de las asociaciones más conocidas en la objeción contra EpC, recuerda que en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE como el Principado de Asturias o Andalucía «se sigue amenazando y reprimiendo a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía», constató.
Por otra parte, las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las más reacias a dar la nueva asignatura, y, según informa la Cadena SER, las de Madrid, Murcia han sido las que más abiertamente desafiaron al gobierno.
Ministerio
Por esta razón, el Ministerio de Educación ha decidido presentar un recurso contra estas cuatro Comunidades.
La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, reconocía que el Gobierno defendería la asignatura de Educación para la Ciudadanía «ante cualquier tribunal y en todos los frentes». Almunia insistió en que «es una norma aprobada por el Parlamento español».