El debate sobre la actividad de las clínicas abortivas sigue generando polémica después de que este fin de semana se hiciera público que 25 mujeres que abortaron en la Clínica Isadora de Madrid han sido citadas a declarar por agentes del Seprona en el marco de una investigación de un juez de instrucción sobre gestión de residuos en este centro.
Ante esta situación, el Gobierno ha asegurado que garantizará que no se vulneren los derechos fundamentales de intimidad y confidencialidad de las pacientes que interrumpieron su embarazo, «ni por parte de las administraciones, ni de ningún otro poder del Estado», señaló la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En este sentido, la fiscalía ha recibido instrucciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para extremar el celo en el respeto a la intimidad y confidencialidad de las citadas.
La pasada semana más de una veintena de mujeres, usuarias de la clínica abortista madrileña 'Isadora', recibían de manos del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil) una citación en el marco de una investigación sobre gestión de residuos orgánicos. Los datos de las pacientes fueron obtenidos a través de los expedientes encontrados en el centro que actualmente está siendo investigado por supuestos abortos ilegales.