EUROPA PRESS-GRANADA
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha sido condenado a pagar una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote, Javier Martínez Medina, que lo denunció también por otros dos delitos de coacciones, uno de lesiones psicológicas y otro contra la integridad moral, de los que ha sido absuelto.
Así lo ha dictado en su sentencia el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Angel Torres, que ha condenado al arzobispo a pagar una multa de diez euros durante 12 meses por el delito de coacciones y diez euros durante 15 días por la falta de injurias. La Fiscalía y la defensa solicitaron la libre absolución del prelado.
El juez reconoce, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, que fue el «enfrentamiento» con CajaSur del actual arzobispo y la vinculación que el denunciante tenía con la entidad el origen de esta causa, «peculiar e inusual», según detalla el propio magistrado, que trata de valorar, en suma, si «la aplicación del derecho canónico efectuada por el arzobispo vulnera o no gravemente los derechos constitucionales del querellante y reviste entidad delictiva».
La condena se produce porque entiende el juez que se obliga al sacerdote a «paralizar a la fuerza» un libro sobre la Catedral -encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, que sería financiado por CajaSur y coordinado por Martínez Medina- para conservar su puesto. Esta presión fue acompañada de la suspensión de sueldo, un medio coercitivo más sobre su persona para quebrantar su voluntad.
Asimismo, se condena al arzobispo por una falta de injurias por las expresiones proferidas sobre la supuesta apropiación indebida por parte del denunciante de bienes del archivo o la catedral, que no han quedado acreditados, porque eran «innecesarias y excesivas», según la sentencia, ya que no existe el menor elemento que permita pensar que Martínez Medina se apropió de algo que no fuera suyo.
Del resto de delitos queda absuelto y la mayor parte de los ataques contra Martínez Medina, con arreglo a las potestades del arzobispo, son «legítimas», ya que está perfectamente capacitado el arzobispo para cesarle de sus cargos y retirarle el uso de dependencias catedralicias. Incluso, destaca el juez, puede removerlo de canónigo, si bien es cierto que no presionarlo suspendiéndolo, como hizo, delito autónomo por el que ha sido condenado.