La ministra de Vivienda, Carme Chacón, se mostró satisfecha por la tramitación del anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda por parte del Gobierno andaluz, mientras el titular de Economía, Pedro Solbes, dijo no ser partidario de «grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida».
Esta normativa, aprobada el martes por el Consejo de Gobierno andaluz y que entrará en vigor en 2008, garantiza que el esfuerzo para comprar una vivienda no superará un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en el caso del alquiler, lo que supondría de hecho garantizar por ley un piso a quien gane menos de 3.100 euros mensuales
Mientras Carme Chacón animó a todas las Administraciones Públicas, «al margen de colores políticos», a que adopten medidas similares, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, dijo que «son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas», señaló en declaraciones a la Cadena Ser.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, explicó el rechazo de Solbes en que «los ministros de Economía, y he conocido a muchos, cuando se trata de aumento del gasto social se ponen un poco a la defensiva». El jefe del Ejecutivo andaluz aseguró «entender» esta postura del ministro de Economía, que, en su opinión, se ha limitado a advertir que, «si los números salen, pues de acuerdo» y, en este sentido, quiso dejar claro que cuando la Junta hace una ley «tan singular y trascendental» como ésta, la proyecta «lógicamente con seriedad, con rigor, y valoramos y evaluamos el coste económico que puede representar su aplicación». Por su parte, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, consideró ayer la ley andaluza que garantizará el acceso a la vivienda como una propuesta «electoralista», que trata de ocultar el «rotundo fracaso» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta, Manuel Chaves, en esta materia. Arenas catalogó esta iniciativa como una «cortina de humo» levantada por la Junta, cuyo único objetivo es «tapar» la «pasividad» del Gobierno de España y del autonómico, que no han tomado «ni una sola decisión» para ayudar a las familias en el incremento «brutal» de los tipos de interés.