El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avanzó ayer que desde el pasado 16 de julio más de 18.000 familias han solicitado la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de un hijo, lo que equivale «casi al cien por cien de los niños nacidos desde el pasado 3 de julio».
La ayuda, que puede solicitarse desde el 16 de julio, pretende dar un impulso a la tasa de natalidad española y supone «un nuevo derecho universal» para todas las familias que desde ahora tenga o adopten un hijo, subrayó. Para recibir esta ayuda, el beneficiario deberá haber residido en España de forma efectiva y continuada durante al menos antes del nacimiento del hijo o la adopción.
Los solicitantes que coticen a la Seguridad Social percibirán esta ayuda como una nueva deducción fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los que no trabajen recibirán una prestación no contributiva, aunque, este colectivo será «residual», según el ministro.
En ambos casos, los beneficiarios recibirán los 2.500 euros en un pago «único, rápido y efectivo al tiempo de la solicitud», subrayó. Para el ministro, el hecho de que las familias puedan solicitar esta ayuda antes de que el Parlamento apruebe la ley no es «una falta de respeto a las Cortes, ni un problema jurídico» porque, desde el pasado 16 de julio, las familias se han limitado a comunicar a la Administración el nacimiento de un nuevo hijo y la concesión de la prestación será posterior.
La medida respeta las competencias de las comunidades autónomas, porque, de hecho, subrayó el ministro, aplica una deducción fiscal en el tramo estatal del impuesto y no impide ni obstaculiza que las comunidades autónomas puedan establecer otras ayudas adicionales.
El presupuesto calculado para poner en marcha esta ayuda es de 1556'76 millones de euros -procedentes de la Administración General del Estado-, que beneficiarán a 479.000 mujeres durante este año. De esa cantidad, el 80 por ciento se destinará a la deducción impositiva, y el 20 por ciento restante al presupuesto de la Seguridad Social para el pago de las prestaciones no contributivas.