La Comisión Europea ha decidido hacer frente al trabajo ilegal de los inmigrantes y al denominado «efecto llamada» que se asocia con estas prácticas irregulares de empleo con una nueva normativa, presentada ayer, que incrementa las inspecciones y endurece notablemente las sanciones.
«Europa no tolerará más el trabajo ilegal de los inmigrantes», afirmó el comisario de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, al presentar una serie de decisiones de la CE sobre inmigración, entre ellas un proyecto de directiva contra el trabajo ilegal.
El proyecto de directiva propone aumentar el nivel de inspecciones laborales hasta un mínimo del 10% anual de los 22 millones de empresas que hay en la UE, frente al actual 2'8% que para Frattini es igual que «nada».
Como medida preventiva, las compañías que den trabajo a ciudadanos de países no comunitarios tendrán que verificar si éstos tienen regularizada su situación y deberán notificar esos contratos a las autoridades.
Las sanciones se prevén tanto para empresas como para particulares, por lo que también serán penalizadas actividades como el trabajo doméstico ilegal, según la Comisión uno de los principales focos de empleo negro en España.Las empresas en las que se verifique que emplean a trabajadores indocumentados extracomunitarios serán objeto de diversos tipos de sanciones en la UE, como multas -incluidos los gastos de repatriación de los inmigrantes- y pago de salarios, impuestos y cotizaciones sociales atrasadas. Además, las empresas podrán ser excluidas de recibir subsidios públicos (incluidas las ayudas comunitarias) durante un período de hasta cinco años, y tampoco podrán participar en licitaciones públicas durante ese tiempo.