La lucha contra la contaminación del aire, que en España causa cada año 16.000 muertes prematuras, determinará las decisiones que tomen los ayuntamientos y las CCAA en materia de urbanismo, según el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la ley es necesaria por «la urgencia del problema» y por «la necesidad de modernización de una normativa que tiene ya 35 años» y está, «evidentemente, desfasada», en referencia a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que data de 1972.
Recordó que la política medioambiental del Gobierno y, por lo tanto la nueva norma, se basa en la prevención; en el principio de responsabilidad, «el que contamina paga»; y el de corresponsabilidad de todas las administraciones.
El Gobierno central y los autonómicos, dijo, «tendrán que ponerse de acuerdo» sobre los valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente protegidas.A su juicio, el Ejecutivo «ha dado un paso muy importante» al incluir el medio ambiente dentro del concepto de bienestar y riqueza económica, y anunció que en este año se añadirán otras leyes en esa dirección tales como la del Agua o la de la Responsabilidad Medioambiental.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó acto seguido las líneas del anteproyecto y adelantó que establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los dos millones de euros y el cierre de las instalaciones contaminantes. Con este anteproyecto, dijo, se sigue profundizando en garantizar, tal y como establece el artículo 45 de la Constitución, el derecho a un medio ambiente adecuado, «y el aire es un bien común cuya calidad es indispensable». «Cada vez hay más evidencias de la incidencia sobre la salud de la contaminación atmosférica», dijo, y agregó que a las 16.000 muertes prematuras que se estiman en España se añade el efecto en los niños, «con más casos de asma», por lo que el Ministerio de Sanidad y el suyo han empezado a hacer un estudio en profundidad. Las comunidades autónomas, detalló, tendrán que evaluar de forma continuada la calidad del aire, prevenir y controlar con instrumentos muy variados.
Si se superan los niveles de contaminación atmosférica, que en toda Europa provoca 350.000 muertes prematuras al año, las CC.AA. y los ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Paralelamente, establece distintos instrumentos para controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de inspección.