El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el Contingente de Trabajadores Extranjeros de régimen no comunitario para 2007, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que incluye una cifra provisional de unos 27.034 empleos estables, 10.000 más que el año anterior, según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega tras la conclusión del Consejo.
De este modo, la propuesta fue autorizada por el Ejecutivo tras haber consultado con la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, formada por empresarios, sindicatos y Asuntos Sociales, el Consejo Superior de Política de Inmigración y la Comisión Interministerial de Extranjería, fijando una cifra estimativa de 27.034 contratos de trabajadores extranjeros en sus países de origen «según su perfil profesional», cuando para el Contingente 2006 la cifra provisional fue de 16.878 empleos.
No obstante, según señaló De la Vega, la cifra es «provisional» ya que posteriormente se adaptará a las necesidades del mercado laboral, al tiempo que recordó que a esta cifra deben añadirse las contrataciones que se realizarán con el régimen general, un poco más de 92.000, y las contrataciones de temporada, alrededor de 61.000, por lo que se acercarán a unos 180.000 trabajadores contratados en origen para 2007.La contratación en origen vía Contingente permite la contratación programada de trabajadores, que no se hallen ni residan en nuestro país, para desempeñar empleos con vocación de estabilidad y que serán seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas genéricas presentadas por los empresarios.
Igualmente establece los supuestos en los que será posible tramitar ofertas nominativas.
Además, el texto al que ayer el Gobierno dio el visto bueno contempla también, además del Contingente, las normas de procedimiento para los trabajos de temporada, para los que en un principio no se realiza una previsión para todo el año.
Por otro lado, el Gobierno también aprobó en la misma sesión la duración del periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, que finalmente durará de dos años a contar desde el próximo día 1 de enero de 2007, según señaló De la Vega. Con esta medida, trata de acelerar «dentro de unos márgenes realistas» la entrada en vigor de la libre circulación de personas en la Unión Europea, siguiendo las instrucciones comunitarias y con el acuerdo de sindicatos, trabajadores y empresarios.