El Gobierno aprobó ayer toda una serie de iniciativas con las que pretende hacer frente al grave problema de la inmigración irregular. Así, en su primera reunión en Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, el Ejecutivo acordó convocar a las comunidades autónomas para analizar conjuntamente la situación, abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Además, pedirá a la UE «más y mejores medios» y «más compromiso político» porque todavía es «claramente insuficiente».
Según explicó tras el Consejo de Ministros, el Gobierno hablará con las comunidades autónomas a través de dos foros: por un lado, analizará la distribución de inmigrantes llegados a Canarias en la Comisión Mixta de Traslados y, por otro, evaluará más concretamente el problema de los menores inmigrantes y la acogida en el Consejo Superior de Política de Inmigración. «Esperamos que con estas decisiones podamos trabajar todos conjuntamente con todas las fuerzas políticas e instituciones sobre un tema que nos afecta a todos», señaló De la Vega.
La mandataria socialista subrayó que Canarias no puede responder al desafío en solitario y, por ello, se realizan los traslados, de la misma forma que «se hacían con Gobierno anteriores». El criterio de reparto es, según dijo, el traslado de inmigrantes a lugares donde existen centros de acogida con vacantes, tanto de las propias comunidades autónomas como de ONG, instalaciones para los que el Consejo aprobó un plan de inversiones para la mejora de sus instalaciones.