AGENCIAS-CÀDIZ
Diez personas, entre ellas la esposa del torero Jesulín de Ubrique,
María José Campanario, han sido detenidas por la Guardia Civil como
presuntos implicados en un fraude para la concesión de pensiones
por incapacidad laboral, informaron fuentes de la Guardia
Civil.
Estas diez personas, entre las que se encuentra un conocido empresario de Ubrique (Cádiz), J.LL.F., y un inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades -órgano que decide en último término la concesión de las bajas laborales-, han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
María José Campanario, que según las citadas fuentes está «directamente implicada en la trama», fue detenida este mediodía y trasladada para prestar declaración a la Comandancia de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera.
El resto de detenidos pasaron ayer por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez.
En la «operación Karlos», que investiga una trama dedicada a la falsificación de documentos para conseguir incapacidades laborales, también fue detenida la secretaria de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera M.P.C., así como tres médicos, una funcionaria del Servicio Andaluz de Salud, un trabajador que obtuvo la jubilación por incapacidad laboral ilegalmente y un policía local de Prado del Rey (Cádiz), según las fuentes de la Guardia Civil.Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año cuando la Guardia Civil descubrió que varias personas se beneficiaron de pensiones de invalidez tras conseguir bajas médicas que obtenían tras pagar 24.000 euros a los implicados en esta trama, según una nota del instituto armado.
En los casos en los que el beneficiario carecía de esta cantidad, uno de los médicos implicados les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que era abonada al banco una vez obtenían la pensión.
La Guardia Civil estableció un dispositivo de localización y detención de los posibles implicados en esta trama, en la que se han intervenido varios ordenadores y abundante documentación que analizan los agentes.
Alguno de los beneficiarios de la invalidez, que realmente estaban enfermos, desconocían que podían obtener la pensión solicitándola directamente al Ministerio de Trabajo a través del Equipo de Valoración de Incapacidades.
Algunos de los detenidos en la «operación Karlos» podrían estar relacionados con la «operación Halcón», en la que se investiga una trama dedicada a la emisión y venta de facturas falsas a empresarios del sector de la piel en la provincia de Cádiz, un fraude que podría superar los 40 millones de euros.
La trama desarticulada se dedicaba a la concesión de pensiones por incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales. La Benemérita informó de que las investigaciones comenzaron en el pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber una persona ligada al grupo que, supuestamente, estafaba a la Seguridad Social. Tras las primeras averiguaciones, el Instituto Armado constató que esa persona contaba con la connivencia de un médico, que era, presuntamente, el encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria.