El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Garantía de Igualdad entre hombres y mujeres que permitirá avanzar en la equiparación real de sexos en España. El Gobierno, aseguró que ésta es la norma más importante para alcanzar la igualdad de sexos desde que se aprobó la Constitución, confía en que ésta suponga un impulso decisivo para la consecución de la igualdad «real y efectiva» en nuestro país.
El anteproyecto de la Ley de Igualdad fijará la paridad obligatoria en las listas electorales (ningún sexo podrá tener menos del 40%), garantizará ese equilibrio en los nombramientos del Consejo de Ministros, y estimulará a las empresas para fomentar la presencia de mujeres en sus consejos de administración.
Los empresarios calificaron de «rejón de muerte al diálogo social» el acuerdo al considerar que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a sus propuestas.
La patronal se opone al Anteproyecto de la Ley de Igualdad por su carácter obligatorio y su régimen sancionador para las empresas, así como por el procedimiento usado por el Gobierno para sacar adelante la norma.Entre las principales razones para oponerse al texto la patronal alega que el borrador atribuye a las empresas una «responsabilidad que no les corresponde en exclusiva», mientras que elude «la responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad».
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que aprobó este anteproyecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que se trata de la norma más importante para alcanzar la igualdad desde que se aprobó la Constitución Española.
Presentada poco antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (el 8 de marzo), el objetivo de la norma, como destacó el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de acción positiva.
En el ámbito laboral, destaca, por ejemplo, el permiso de paternidad de 8 días, la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos -se considerarán cotizados los dos primeros años-, la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación y la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un embarazo.
Para potenciar la participación de la mujer en la política, la Ley de Igualdad, que será orgánica, reformará la ley orgánica electoral general y obligará a presentar en todos los comicios listas en las que ningún sexo tenga una representación inferior al 40 por ciento, ni superior al 60 por ciento en puestos de salida.