El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza ha condenado a las tres empresas responsables del vuelo Yak-42 a pagar una indemnización global de más de 10 millones de euros a los familiares de los 62 militares que fallecieron al estrellarse el aparato en Turquía cuando regresaban a España desde Afganistán.
En una larga sentencia, que se hizo pública ayer y en la que se estiman parcialmente las demandas de las familias, el juez pormenoriza las cantidades que recibirán los familiares de las víctimas y que oscilarán entre los 8.856 euros y los 131.000, dependiendo del grado de relación con la persona fallecida.
El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los pasados días 24 y 25 de enero, y en el mismo las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista del vuelo Chapman Freeborn y a la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance.
La sentencia establece que no se indemnizará a los hermanos mayores de edad de las personas fallecidas y que todos los hijos, sea cual sea su edad, cobrarán, al menos, 44.281 euros. Además, se establece el pago de otros mil euros por víctima por todos aquellos objetos personales que portaban los militares.Los más de diez millones de euros que deberán pagar las citadas empresas están muy lejos de lo que pidieron las familias, pero en la sentencia se explica que atender a la indemnización solicitada por ellas es «claramente desorbitante» y «discriminatorio» respecto a otros fallecidos también en circunstancias trágicas.
El presidente de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42, Alfonso Agulló, mostró su satisfacción por la sentencia ya que «corrobora que teníamos razón y que el Yak nunca debió despega. Es una traducción del informe de la Comisión Internacional, por lo que demuestra que teníamos razón y las pruebas suficientes para demostrarlo».
Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono, expresó ayer su alegría por la condena impuesta por un juzgado de Zaragoza a las compañías UmAir, Chapman Freeborn y Busin Joint Stock Insurance por entender que la decisión judicial supone dar la razón a los familiares de los 62 militares que perdieron su vida en mayo de 2003 en Turquía. «Me alegro de que esa sea una sentencia que da la razón a las familias del Yakovlev, a las que tantas veces les han quitado la razón en tantos ámbitos. Es de justicia y de honor para los familiares de quienes murieron en aquellas circunstancias por ir en un avión basura y por estar sometidos a un viaje que nunca debió haberse realizado con aquellas capacidades tan poco diligentes», afirmó.