Los magistrados subrayan además que serán entregados a otra administración que tendrá como obligación custodiarlos y que la Generalitat tendrá que devolverlos en el caso de que se falle en su contra.
La decisión de la Audiencia permite que las 500 cajas que salieron del Archivo de Salamanca el pasado viernes continúen su viaje hasta Catalunya después de permanecer casi una semana en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura. Esta institución ordenó la suspensión cautelarísima del traslado para oír a las partes implicadas en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca.
La Audiencia basa su autorización en que no desligitima la finalidad del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca en el que denuncia que se han movilizado documentos que no pertenecen al Gobierno autónomo. Además, en relación a los recelos expresados por el consistorio por una posible destrucción o extravío de los papeles al entregárselos a particulares, explica que los documentos serían entregados a otra Administración que se subroga en los derechos y obligaciones del Estado para la custodia y protección de los mismos.Por otro lado, recuerda que el Ejecutivo autonómico estará obligado a la devolución de los documentos en el caso de que se falle a favor del Ayuntamiento de Salamanca. El auto de la Audiencia argumenta asimismo que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie en su contra, la ley de restitución de documentos incautados a la Generalitat durante la Guerra Civil sigue vigente, y contempla que los papeles deben ser entregados al Gobierno autonómico en un plazo de tres meses desde que la norma se aprobó, el pasado 18 de noviembre.
Se sostiene que ese precepto es de obligado cumplimiento e impide a la Sala realizar una calificación jurídica acerca de la naturaleza de los documentos que fueron retirados al haber sido ya identificados en la ejecución del Convenio sobre Microfilmación del año 1982.