El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que el Gobierno actuará con «serenidad y tranquilidad» a través de su servicio jurídico, que es el abogado del Estado, ante las resoluciones sobre los papeles del Archivo de Salamanca, una del Tribunal Constitucional y otra de la Audiencia Nacional, esta última suspendiendo cautelarmente el envío a Catalunya de los archivos de la Generalitat republicana.
López Aguilar explicó que frente a las medidas «cautelarísimas» adoptadas por la Audiencia Nacional, «el abogado del Estado actuará en el momento que corresponde, es decir, el próximo día 24 de enero, en el que la sección VII de la Audiencia Nacional va a resolver sobre esa petición de suspensión cautelar».
El ministro informó de que «ninguna de las dos resoluciones judiciales afectan al fondo, se trata de medidas que no responden al fondo del asunto, sino a la ordenación del procedimiento, y frente a las dos resoluciones el Gobierno actuará por su procedimiento y por su causa y desde la convicción de que le asiste la razón en derecho».
López Aguilar recordó que el Gobierno y el Ministerio de Cultura aplican la Ley con el traslado de esa documentación y aseguró «que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Constitucional contemplan la posibilidad de suspender una Ley del Estado porque se interponga un recurso de inconstitucionalidad».
Explicó que «esa suspensión es directamente contraria al artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, desde luego, a la Constitución».
La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras, aseguró ayer que la ley que autoriza el traslado de los papeles se ha cumplido con «extremo rigor», y cargó contra el PP por su política de «enfrentamiento de territorios».