Parece que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero está decidido a que el contenido del artículo 14 de nuestra Constitución -que consagra la igualdad de todos los ciudadanos al margen de sus circunstancias sociales o personales- sea una realidad, y, además de la ya anunciada Ley de Dependencia, ayer aprobó la remisión a las Cortes Generales de dos proyectos de ley con los que se pretende garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
El primero de estos textos es la Ley con un régimen de sanciones que contempla multas de hasta un millón de euros para los casos de discriminación y vulneración de la igualdad de oportunidades a los discapacitados.
El segundo es Proyecto de Ley de la Lengua de Signos y de Medios de apoyo a la comunicación que, como medidas más destacadas, incorpora la lengua de signos como asignatura optativa y la promoción de intérpretes para sordos en la administración.
En su comparecencia ante los medios tras la reunión del Ejecutivo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el objetivo de estas leyes es «ponérselo fácil a las personas con discapacidad y más difícil a quienes actúan contra sus derechos», en referencia al endurecimiento de las sanciones contra las conductas que vulneren la Ley de Igualdad de Oportunidades.