La Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya podría estar elaborando un borrador de ley para regular el sector de la prostitución. El proyecto consistiría en prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública y limitarlo a locales homologados. Por su parte, los empresarios del sector mostraron su satisfacción por la medida.
Según informó ayer la Cadena SER, la futura ley pretende legalizar la actividad, confeccionar un registro de trabajadoras del sector y sancionar o incluso detener a las prostitutas que estén en la calle y la carretera. Esto se haría por razones de seguridad víal, ya que, según Interior, los coches parados debido a la presencia de prostitutas ponen en peligro al resto de vehículos.
La alternativa para ejercer la prostitución serían los locales homologados, inspeccionados y aislados, alejados de zonas residenciales. Las prostitutas, por su parte, deberían apuntarse al censo «en libertad y sin ser coaccionadas por nadie», según la SER.Fuentes de la Conselleria consultadas no desmintieron esta información pero reiteraron que la Generalitat ya hace meses que expresó «la necesidad de limitar la proliferación de la prostitución», especialmente en la carretera y la vía pública. Según la Conselleria, la propuesta legislativa todavía no está terminada y requiere «amplios consensos y un debate sereno».
Por su parte, el abogado de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) en Catalunya, Manuel Nieto, explicó que la propuesta le parecía «perfecta», ya que la asociación se fundó con este objetivo prioritario.
Según Nieto, hay que regular esta actividad económica y aseguró que el 80 por ciento de los ciudadanos quieren que la prostitución no se ejerza en la calle. El representante de ANELA explicó que es «de sentido común» que se regule tanto la actividad como los locales que la albergan, ya que si no existiría un «vacío legal».
Por esto, aseguró que la setentena de locales catalanes afiliados a ANELA cumplen las medidas de seguridad e higiénicas requeridas. Además, dijo que los empresarios del sector están dispuestos a pagar impuestos pero quieren seguridad jurídica.