Los miembros de la ONG Huelva Solidaria detenidos como supuestos responsables de un delito continuado de estafa, que habría afectado a unas 40.000 inmigrantes, cobraban dinero a estos por trámites administrativos que en realidad eran gratuitos».
Según informó en un comunicado de la Guardia Civil, la investigación comenzó hace aproximadamente un año, se centró en personas que vivían en varios municipios agrícolas de la provincia de Huelva y se ha saldado con la detención de cinco personas.
La operación, que recibió el nombre de «Comuna», se inició a raíz de las denuncias presentadas por algunos de estos socios, de origen extranjero, en las que manifestaban haber sido estafados por los responsables de la asociación Huelva Solidaria, quienes les cobraban ciertas cantidades de dinero por trámites administrativos que en realidad eran gratuitos y que en ocasiones no llegaban a realizarse.Debido al gran número de personas que han podido ser estafadas por esta ONG, aproximadamente más de 40.000 personas, la Guardia Civil solicita en el comunicado a aquellos inmigrantes que se sientan damnificados por las actividades de esta organización, presenten denuncia en las distintas dependencias de la institución. La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que junto a los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.
Por otra parte agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante han detenido a catorce personas por su supuesta implicación en la falsificación de certificados de la Seguridad Social que eran presentados, ante el Ministerio de Trabajo, para pedir la regularización de ciudadanos inmigrantes.Fuentes policiales indicaron que los arrestados presentaban esos certificados, en los que constaba que el paciente había sido tratado de «reacción cutánea y urticaria», para justificar la omisión del empadronamiento y pedir así su regularización. Algunos de los arrestados han declarado que llegaron a abonar unos mil euros para obtener los partes facultativos. Aunque la operación sigue abierta, hasta el momento han sido detenidas catorce personas con diferentes grados de implicación en los hechos, según las mismas fuentes, todos los certificados de asistencia sanitaria presuntamente falsificados habían sido presentados por ciudadanos de origen magrebí.