AGENCIAS-CÀDIZ/SEVILLA
El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz celebró ayer el juicio
contra cinco activistas de Greenpeace detenidos el 14 de marzo de
2003 durante una acción pacífica contra la guerra de Irak cerca de
la Base Naval de Rota (Cádiz), en la que durante 24 horas
impidieron el paso del buque militar estadounidense Cape Horn, que
supuestamente transportaba armas rumbo al Golfo Pérsico.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López Uralde, recordó el lunes que el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para el capitán deRainbow Warrior, Daniel Rizzotti, por delitos de desobediencia, resistencia grave y lesiones.
Para los activistas Carlos Bravos y Phillip Walter Lloyd pide tres años de prisión para cada uno por delitos de resistencia grave y lesiones, y para los pacifistas Lawrence Martin y María Teresa Ambrós, nueve meses de prisión por delitos de desobediencia.
Según Ugalde, las protestas se enmarcaron dentro de una «enorme protesta social contra una guerra injusta seguida por el 90 por ciento de la sociedad española», y recordó que las mismas «fueron objeto de represión».Además, recordó que en los 34 años de historia de la organización, sus acciones han sido siempre «pacíficas, nunca violentas», y advirtió: «No nos pararán». De hecho, a través de la página web de la organización se han recabado firmas solidarias que han apoyado un texto de autoinculpación bajo el lema «Yo también me manifesté contra la guerra de Irak, yo también quiero ir a la cárcel con Greenpeace», «como han hecho ya más de 80.000 personas, entre ellas Santiago Segura, Antonio Gala, Ana Belén y Víctor Manuel».
A juicio de Ugalde, existe una «absoluta desproporción entre la protesta y las penas solicitadas, que además no son comparables a otros países y que sienta un grave precedente para el desarrollo de trabajos de protestas pacíficas y medioambientales».