J. M. AGUILÓ/M. AZAGRA
La alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, reiteró ayer que,
salvo en un caso límite, no casará a parejas homosexuales en el
Consistorio, si bien insistió en que el Ajuntament «garantizará el
cumplimiento de la ley que finalmente se apruebe». Por lo que
respecta al resto de concejales populares que conforman el actual
equipo de gobierno municipal, la mayoría se mostró favorable a
celebrar bodas gays, si bien en algunos casos con matices.
El teniente de alcalde de Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, fue el único que se abstuvo de dar a conocer su posición en este asunto, si bien lamentó «la falsa polémica creada en torno a la nueva normativa», y añadió que «una ciudad como Palma tiene problemas mucho más importantes que resolver que caer en la tentación de entrar en un debate estéril, promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero». La presidenta de Emaya, Catalina Terrassa, se pronunció en el mismo sentido que Cirer, mientras que Francisca Bennàssar, Margalida Ferrando, María José Frau y Carlos Veramendi indicaron que sólo casarían parejas homosexuales si se les obliga a hacerlo. El resto de concejales populares, Pedro Àlvarez, Maite Jiménez, José Manuel Sierra, Rafel Duran, Àlvaro Gijón, Sebastià Sansó, Rogelio Araújo y Marina Sans indicaron que sí celebrarían este tipo de bodas, si bien indicaron que hubiese sido mejor denominarlas «uniones».
Cirer reiteró que es una persona «católica practicante» y que para la Iglesia el matrimonio es un sacramento. Asimismo, insistió en que si todos los concejales menos ella no estuvieran en condiciones de poder celebrar un matrimonio homosexual, ella lo celebraría porque la ley le obliga.