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El 'comité de sabios' propone una televisión pública independiente y sin endeudamiento

El informe sobre la reforma fue entregado ayer al Gobierno, tras nueve meses de trabajo

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recibió ayer el informe de manos del presidente del comité, Emilio Lledó, y varios de sus miembros.

| Madrid |

El comité de expertos nombrado por el Gobierno para elaborar una propuesta de reforma de los medios públicos de comunicación presentó ayer su informe, tras nueve meses de trabajo, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Entre sus medidas, propone que el director general lo nombre mediante convocatoria pública un consejo de administración de nuevo cuño y profesionalizado.

También pide asumir la deuda, prohibir nuevo endeudamiento, 40 por ciento de financiación por publicidad (limitada a 9 minutos por hora) y un 45-50% de subvención del Estado. La 2 dejaría de tener publicidad, y se crearía una fundación compartida con Cultura para la gestión de la Orquesta y Coros.

El nuevo Consejo de Administración que se propone estaría formado por ocho miembros, cuatro elegidos por el Parlamento, a propuesta de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios; dos por el Consejo Audiovisual, y dos por las centrales sindicales mayoritarias. Su mandato se extendería por seis años (mandato superior al de una legislatura como refuerzo de su independencia) y sus miembros deberían ser profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual.

El director general sería elegido por el Consejo de Administración, por mayoría de dos tercios de sus miembros, tras convocatoria pública y una vez informado favorablemente por el Consejo Audiovisual, cuya creación se recomienda que sea inmediata.

En el nuevo modelo de la radio y la televisión públicas existiría además un Consejo de Redacción que garantizaría la independencia informativa, y un Consejo Asesor que canalizaría la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales significativos, tal como establece la Constitución Española.

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