La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que la liberación «no contribuye» a acabar con la «lacra macabra» de la violencia contra las mujeres, y al referirse a las circunstancias de este asunto consideró que «es todo un absoluto disparate».
Fernández de la Vega dijo que respeta y acata la decisión de la Audiencia, «porque eso es lo que toca en democracia», pero recordó que las resoluciones judiciales también puede estar «sujetas a la crítica pública».
«No me parece una decisión que contribuya en estos momentos a reforzar la línea que la sociedad ha adoptado, que es la de tolerancia cero en todo lo que signifique abrir alguna vía de apoyo» a la violencia doméstica.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que la decisión de liberar al imán es «puramente judicial» y que el Gobierno «no debe pronunciarse» sobre el fallo. «Me parece muy bien que se pueda condenar en este país a cualquiera que creyéndose que tiene libertad para opinar, se permita nada menos que instigar a la violencia contra las mujeres, y que haya existido una pena privativa de libertad y una condena. A partir de ahí, la resolución de excarcelación es judicial y no corresponde al Gobierno pronunciarse sobre eso».Mientras, el secretario general del PP, Angel Acebes, señaló que la excarcelación «no da un buen ejemplo» y apoyó castigos más severos contra conductas que promuevan la violencia contra las mujeres.
Acebes consideró que «no es una decisión correcta ni acertada» la liberación y abogó por que el cumplimiento de este tipo de condenas sea «proporcional a la gravedad de la acción» y acarree «consecuencias penales mucho más contundentes».
La presidenta del Institut Catalá de la Dona, Marta Selva, trasladó a la judicatura en Catalunya «el malestar social e institucional» por la decisión y «por la sustitución de la pena impuesta por la realización de formación en Derechos Humanos, dada la extrema gravedad de las acusaciones y el hecho de que éstas se mantienen».