El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana tres proposiciones de ley presentadas por Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que amplían la actual regulación del aborto planteando el aborto libre en las primeras semanas de embarazo. Previsiblemente el Partido Socialista no apoyará las proposiciones porque aunque es una propuesta que está en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones del pasado marzo consideran que ahora no es el momento adecuado para plantearlo.
En la actualidad, la ley únicamente contempla tres supuestos para que una mujer aborte: cuando exista peligro para la salud física y psíquica de la madre, si se presume que el feto nacerá con malformaciones o en el caso de que la gestante se haya quedado embarazada a consecuencia de una violación.
Ahora tres proposiciones de ley pretenden ampliar estos supuestos. En concreto, las iniciativas de IU-ICV y BNG establecen una ley de plazos, en la que el aborto dependería únicamente de la decisión libre de la madre siempre y cuando se produzcan en las 14 y 16 primeras semanas de gestación. Ambas formaciones políticas hacen hincapié en la «inseguridad jurídica» que plantea la situación actual y en la «vulneración» de la intimidad y la libertad de las mujeres para decidir de manera responsable sobre su maternidad.El proyecto de ley de Esquerra, por su parte, va más allá y directamente modifica la disposición derogatoria única a) del Código Penal de 1995 con el fin de que esta norma únicamente regule el aborto realizado sin consentimiento o con un «consentimiento viciado» de la mujer, la impericia médica o el practicado por personas que no tienen la titulación necesaria.
Aunque la propuesta de ampliar la despenalización del aborto cuente con la aprobación del Partido Socialista e incluso se encuentre plasmada en el programa electoral con que acudió a las últimas elecciones, los socialistas quieren lograr un contrato social con médicos, personal sanitario, movimientos feministas, abogadas y colectivos afectados y aprobar al tiempo una ley de salud sexual antes de aprobar la ampliación.