El Gobierno implantará de una forma gradual la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras relacionadas con la utilización de este recurso que se construyan en el futuro.
Así lo comunicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, en la que se debatirá el Plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase del Ebro.
Al ser preguntada sobre si estas medidas supondrán un aumento del precio del agua, la ministra aclaró que cualquier cambio en el régimen económico y financiero referido a las tarifas del agua afectará «exclusivamente» a las obras futuras.
Narbona explicó que esta implantación de la recuperación de costes se aplicará de una forma «gradual» y observó que el régimen económico y fiscal, que data de 1985, es «insuficiente». La ministra recordó que la UE obligará en 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua todos los costes relacionados con su uso.