El Ministerio de Cultura prepara una nueva Ley del Libro en la que tiene intención de establecer «el precio fijo sin excepciones», por lo que se suprimirán los descuentos que se vienen aplicando hasta ahora a los libros de texto y que en algunos establecimientos alcanzan el 25 por ciento de su importe. Así lo anuncia el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, al tiempo que explica las líneas generales de esa nueva norma que deberá estar lista «a lo largo de 2005». Blanco dijo que la intención del Gobierno de suprimir los descuentos de los libros de texto tiene como «objetivo favorecer a los ciudadanos», y con esta medida se consigue porque «sólo compran libros en los grandes espacios comerciales un 16 por ciento». Afirmó que la mayoría de los ciudadanos, el 63 por ciento, compran en librerías, donde no pueden hacer los descuentos que se aplican en las grandes superficies, de hasta un 25 por ciento, y añadió que es también muy elevado el número de personas que viven en espacios rurales que carecen de ese tipo de establecimientos.
Rogelio Blanco señala que en la futura ley se quiere establecer «el precio fijo del libro sin exclusiones», ya que se ha comprobado que la solución adoptada por los anteriores gobiernos del PP de permitir descuentos libres, aunque con limitaciones, para los manuales de texto «no ha sido favorable», entre otras razones porque «castiga duramente a las librerías». «La librería es un ente vinculado a la vida del barrio, y su pérdida no sólo afecta al empleo o a los pequeños negocios sino que atañe a la libertad de expresión y a la creatividad». Las grandes superficies, que son las que mayores descuentos aplican, «hacen una labor muy importante de venta de libros, pero tienen que jugar en sana competencia y no perjudicar a las librerías», asegura Blanco. No obstante, Blanco aclara que la ley mantendrá ese «descuento mínimo» que ahora se hace en ferias y fechas simbólicas como el Día del Libro.
La portavoz de Cultura del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, calificó de «disparate» la iniciativa. «Nos parace que hacer cargar los problemas de un sector sobre millones de padres de familia a los que se les encarece la factura de los libros de texto un 25 por ciento nos parece un disparate». Los padres y asociaciones de consumidores aprovecharon el anuncio del Gobierno para reabrir el debate sobre su «necesaria» gratuidad, mientras que los editores y libreros aplaudieron la iniciativa. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), aseguró que «lo que hay que hacer» es dar los libros gratis y «socializarlos». A la Confederación de Asociaciones de Padres Católicos (CONCAPA), la iniciativa le suena a «comunismo rancio». La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tachó de «aberrante e involucionista» la pretensión de Cultura, «tomada en perjuicio de los ciudadanos», y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) confió en que se replantee la medida.