El PP consideró la futura norma «previsiblemente inconstitucional» y «una importante equivocación» y CiU optó por dar libertad de voto a sus diputados. Según explicó el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de defender la proposición no de ley, se trata de igualar los derechos entre las parejas heterosexuales y las de gays y lesbianas a la hora de contraer matrimonio para acabar con «discriminaciones legales que hoy sólo están presentes en nuestro código civil, pero no en la mayoría de la sociedad».
Rubalcaba reconoció que la completa equiparación social de todas las parejas es «algo más difícil», ya que exige «entender, admitir y respetar» que existen distintas opciones afectivo sexuales y que ninguna es mejor o peor que la otra, pero se comprometió en nombre del PSOE a «seguir trabajando» para conseguirlo.
Explicó que con el proyecto de ley se atenderán las recomendaciones de la UE y se equipará la normativa española a la de países europeos que como Holanda y Bélgica reconocen el matrimonio civil entre homosexuales.En nombre del PP tomó la palabra el diputado Ignacio Astarloa, quien calificó la iniciativa de «salto al vacío» y de «máximo riesgo» por dejar de lado a los diputados populares y criticó la «precipitada e irreflexiva» forma de presentar la proposición de ley sin buscar otras fórmulas que encuentren en la sociedad «menor rechazo o desencuentro».
Mercé Pigem, la portavoz de CiU, reconoció como la mayoría de los grupos el trabajo de las organizaciones de gays y lesbianas y apoyó el objetivo de la equiparación de derechos, aunque explicó que, como en la sociedad, en su grupo existen posiciones plurales respecto al matrimonio homosexual, por lo que sus diputados disponen de libertad de voto en la materia.