El Gobierno quiere invertir «gradualmente» el actual sistema de incentivos fiscales a la compra de vivienda para potenciar las ayudas directas. Así lo anunció ayer la ministra de Vivienda, María Antonia trujillo, quien explicó que el objetivo es que el 75 por ciento del total de ayudas se haga de esta forma y sólo el 25 por ciento corresponda a bonificaciones fiscales. Actualmente el 82 por ciento de la ayuda estatal se canaliza por la vía fiscal. Desde el sector inmobiliario comienzan a plantearse problemas para la construcción de viviendas de protección oficial, así, los promotores han dejado claro que la condicionan a que su precio de venta suba un 25 por ciento por lo menos.
Lo que pretende la ministra al invertir la situación es equiparar la fiscalidad del mercado inmobiliario español al del resto de los países de la Unión Europea, para que deje de primar la vivienda en propiedad y se incentive el alquiler.Durante su intervención en una jornada inmobiliaria organizada por Aguirre Newman y el Instituto de Empresa, Trujillo explicó que en los últimos años el 82 por ciento del total de ayuda estatal a la compra de un piso (unos 3.000 millones de euros anuales) se canalizó a través de deducciones fiscales y sólo el , el 16 por ciento se otorgó directamente. La media comunitaria es de un 75 por ciento de ayudas directas y sólo un 25 por ciento de bonificación fiscal.
En el mismo acto, el economista y consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, se mostró de acuerdo con este planteamiento, calificándolo de sensato, dada la necesidad de articular un «mercado de alquiler seguro». Para Ontiveros, esta iniciativa es incluso más sobresaliente que la promoción de 180.000 VPO al año. El impacto de estas viviendas en un mercado donde anualmente se construyen 600.000 libres dependerá de las condiciones que se establezcan para su promoción, aseguró.