La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, avanzó que las medidas en las que está trabajando el Gobierno pretenden fundamentalmente tener una vigilancia y un control del agresor y poner a disposición judicial a la persona que incumpla las medidas cautelares de alejamiento.
«Hay dispositivos que están ya en la Ley y vamos a hacer cumplir la Ley, como que el agresor que incumple una medida cautelar pase inmediatamente a disposición judicial, y en función del atestado, no de una simple toma de contacto, sino de un atestado en todo rigor y forma, se tomen medidas de prisión provisional si se llega el caso», enfatizó. No obstante, aseguró que no podía adelantar las nuevas medidas y emplazó a estar pendientes del Consejo de Ministros.
La secretaria general se reunió ayer con representantes de una quincena de organizaciones de mujeres para conocer sus propuestas sobre el incremento de protección a las víctimas. Según explicó, las pretenden paliar la desprotección de las maltratadas en tanto en cuanto se elabora la Ley Integral contra la Violencia de Género.Así, contó que las principales demandas se refieren a la suspensión régimen de visitas y a que se practiquen atestados en las situaciones de violencia, que se tomen fotos, huellas dactilares, que actúe la policía con todos los medios y se coordinen mucho más los medios de seguridad y fuerzas de orden público. Estas ONGs presentarán estas propuestas también ante el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.
Por otro lado, se refirió al ultimátum del PP, que ha advertido tomará la iniciativa de no aprobarse en un mes la futura Ley, y aseguró que «el PP debe estar sensibilizado como todos, pero también tiene que saber que precisamente la precipitación de medidas ha llevado a una falta absoluta de eficacia».