El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que implantará, a partir del 1 de enero de 2004, el nuevo sistema de Formación Profesional Continua, al que se oponen las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, el País Vasco y Catalunya, que lo recurrirá en los tribunales.
Tras conocer su aprobación, el conseller de Trabajo e Industria, Antoni Fernández Teixidó, anunció la interposición «de manera inmediata» de un recurso ante el Tribunal Constitucional, puesto que el nuevo modelo «perjudica claramente a las pymes», que componen el 98% del tejido empresarial catalán.
El recurso se sumará al presentado el pasado miércoles por la prórroga del Forcem del 2002 para 2003, al considerar también que no contempla una sentencia del TC de abril de 2002.
En esa sentencia, junto con otra favorable a Galicia, se reconocen las competencias de las autonomías en la gestión de los 610 millones de euros (101.495 millones de pesetas) que se destinan a la formación de los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno recordó ayer que el modelo cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como del Consejo de Estado, como ha reiterado el ministro de Trabajo.