Las víctimas de malos tratos acreedoras de la Orden de Protección -que entrará en vigor el 28 de abril- tendrán derecho a una prestación económica «inmediata» durante diez meses y superior a 300 euros mensuales, explicaron ayer miembros de la subcomisión que estudia medidas en respuesta a la violencia de género.
Precisamente esta ayuda económica era el principal escollo de la subcomisión, que acabará seguramente sus trabajos, para llegar a un acuerdo final. Las diputadas del grupo socialista, de IU y PP, Micaela Navarro, Marisa Castro y Carmen Quintanilla, respectivamente, informaron del consenso alcanzado en el seno de la subcomisión sobre esta ayuda, que permitirá a las mujeres u hombres objeto de maltrato y que carecen de recursos acceder a la misma de forma automática.
Esta protección económica se articulará a través de la renta activa de inserción, de carácter estatal y que se modulará en función de las cargas familiares de la víctima, explicó Castro.