La Generalitat de Catalunya anunció ayer que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de esta comunidad que le obliga a financiar la operación de cambio de sexo de un transexual. Según el gobierno autonónico el recurso no responde a criterios economicistas, sino «por no sentar precedentes». Las asociaciones de transexuales creen que es insostenible no financiar estas operaciones y criticaron duramente la política «integrista» del PP.
El Alto Tribunal sostiene que la Sanidad Pública debería financiar el cambio de sexo a este paciente al estar obligada a atender no sólo las enfermedades físicas, sino también las psíquicas, al suponer el origen de muchas dolencias.
Además, subraya que, al igual que la estancia en balnearios o la cirugía estética, la ley general de Sanidad no excluye expresamente estas operaciones. La sentencia subraya que el paciente, al que ahora da la razón, desde los siete años ha tenido un comportamiento y unos hábitos fundamentalmente femeninos, una circunstancia que le bloquea al chocar frontalmente con su estructura morfocorporal.
La Conselleria de Sanidad ya ha anunciado que recurrirá la sentencia no por herir la sensibilidad o ahorra dinero, «sino por no sentar un precedente». No obstante, el conseller de Sanidad, Xavier Pomés, defendió que esta cuestión se trate en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.
Las asociaciones de transexuales, por su parte, acogieron con satisfacción la sentencia del TSJC y acusaron al PP de bloquear estas intervenciones en toda España por «prejuicios integristas» y por tratar de defender posturas ultraderechistas.