OTR/PRESS-HUELVA
La Policía Nacional y la Guardia Civil desalojaron ayer sobre las
8.00 horas a unos cien inmigrantes subsaharianos que permanecían
concentrados desde ayer ante el Ayuntamiento de Palos de la
Frontera para recla mar atención humanitaria. El alcalde de la
localidad cree que detrás de la concentración está 'la mano negra'
de una organización. El colectivo de subsaharianos acudió sobre las
12.00 horas del jueves desde los campos freseros de la zona para
concentrarse en la plaza. El alcalde de la localidad, Carmelo
Romero, explicó que en el momento del desalojo, que solicitó él
mismo a la Subdelegación del Gobierno, se produjeron algunos
incidentes, ya que los subsaharianos se negaban a subir a los
furgones policiales, aunque ninguno de los percances tuvo
gravedad.
Romero aseguró que mantuvo una entrevista con el grupo que, según ellos mismos explicaban, habían viajado de Fuerteventura a Madrid y desde allí algunos se habían desplazado a la provincia onubense. Otros habían estado antes en Valencia o en Murcia, entre otros lugares. Con estos datos, el parlamentario andaluz cree que detrás de esta situación hay una organización y que la concentración parece responder a una llamada general para hacer algo similar a lo que se hizo en Huelva hace dos años, cuando los inmigrantes solicitaban su regularización, o en la Universidad de Olavide el año pasado.
A este respecto, Romero manifestó que está «absolutamente seguro» de que hay alguna organización detrás de esta protesta. «En el día de ayer, por la noche, miembros de Huelva Acoge estaban con ellos en la plaza organizando algo, y los vi con mis propios ojos», afirmó. Por otra parte, el secretario de inmigración de UGT Catalunya, Abdelkader Aslimani, considera que dos de cada cuatro inmigrantes son estafados por algún abogado. Los portavoces sindicales de CCOO y UGT de Catalunya aseguran que más de 4000 inmigrantes denuncian anualmente en sus oficinas los «abusivos» honorarios fijados por algunas gestorías y bufetes de abogados por tramitar documentos disponibles «gratuitamente» en la administración.El director del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), Ghassan Saliba, explicó que estos abogados operan «de forma ilegal expediendo facturas no declarables a Hacienda». Por su parte, Aslimani afirmó que dichas gestoras cobran una media de entre 150 y 3.000 euros para tramitar entre 7 y 8 veces permisos de trabajo o de residencia.