El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que dejarán de ser expedidos, desde el próximo lunes, cinco millones de certificados de papel que la Administración estatal requiere a los ciudadanos cuando realizan trámites para solicitar prestaciones por desempleo, una beca o un seguro agrario.
Así lo anunció el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, quien explicó que la filosofía de esta iniciativa es «no pedir datos que la Administración ya tiene» referidos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
A partir del lunes, cuando entrará en vigor el Real Decreto, los funcionarios de los distintos departamentos donde se realicen los trámites se encargarán de recabar la información necesaria a las unidades que ya los tienen registrados, añadió.
En la actualidad, se solicitan algo más de seis millones de certificados al año (el 80 por ciento a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) que afectan a unos quinientos trámites, de los que 378 son requeridos para pedir ayudas y subvenciones y 121 a prestaciones sociales. Este nuevo proceso, dijo el ministro, es un «paso extraordinario» que simplificará la Administración y la burocracia, y conllevará un ahorro de tiempo para los ciudadanos y los organismos públicos. Además, indicó, se complementará en el plazo de un año cuando también el Ministerio de Justicia dejará de expedir otro millón de certificados de «matrimonio, nacimiento, defunción y ultimas voluntades».