El embajador marroquí en España, Abdeslam Baraka, reclamó ayer la devolución de los menores marroquíes que emigran a España no acompañados y que quedan bajo la tutela de la Administración española. Baraka se reunió con el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, para preparar la reunión del Grupo de Trabajo sobre Inmigración y Asuntos Sociales que tendrá lugar el próximo lunes, 17 de febrero.
En su opinión, en el asuntos de menores, hay algunas disposiciones españolas que deben variarse. «La Ley española protege al menor. Desde nuestro punto de vista y, sin querer entrar en detalles, nosotros consideramos que el menor marroquí no tiene capacidad legal para decidir emigrar y hay una obligación de devolverlo», comentó.
La legislación española prevé la reagrupación familiar del menor en su país de origen como primera medida, que puede intentar llevarse a cabo durante nueve meses y siempre que se encuentre a la familia del menor. De no ser así, el menor queda bajo la tutela de la Administración, que debe documentarlo y tramitar su residencia cuando cumpla la mayoría de edad.
En ese sentido, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, afirmó ayer que la situación de cada menor extranjero no acompañado debe ser estudiada individualizadamente. «Debe primar el principio universal del interés superior del menor», afirmó. Asimismo, subrayó que debe tenerse en cuenta que si el menor está en España es porque algo ha fallado en su lugar de origen, ya sea porque los padres han pretendido lucrarse del trabajo del menor, o bien por la acción de las mafias.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes considera imprescindible «que ambos países planteen medidas conjuntas» para localizar a sus familias y realizar un seguimiento al menor. De lo contrario, los menores «volverán a intentar» introducirse en España, «devolverlos no es la solución».
Por otro lado, Baraka manifestó también la voluntad de su Gobierno de luchar contra la inmigración irregular y subrayó que esta misma semana el Parlamento marroquí debate de forma extraordinaria y con carácter de urgencia una nueva Ley de Extranjería que prevé la cadena perpetua para los traficantes de personas cuando sus acciones provoquen víctimas mortales. «Ésta es la manera marroquí de disuadir la inmigración irregular», recalcó.