Ese tribunal desestimó un recurso presentado por dos familias de refugiados cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas y que reclamaban su derecho a permanecer en la República para cuidar de sus hijos, de nacionalidad irlandesa. La decisión judicial, sin precedentes en este país, ratificó la nacionalidad de los pequeños pero negó el derecho de las familias, que proceden de Nigeria y la República Checa, a permanecer en Irlanda.
La viceprimera ministra, Mary Harney, celebró dicho fallo, que calificó de «realista», y confió en que «así se impedirá que venga gente a abusar de nuestro sistema por el mero hecho de que estén embarazadas». «Como resultado de esta decisión -concluyó- el ministro del Interior podrá deportar a estas personas».
Cinco de los siete jueces que componen dicho tribunal decidieron conceder al Estado irlandés el derecho a controlar el flujo de inmigrantes «por el bien común y para proteger el sistema de asilo». El presidente del tribunal afirmó, al dictar sentencia, que el Gobierno debe velar por el buen funcionamiento del sistema y que el «derecho del menor a residir en Irlanda no pasa automáticamente a los padres».
«El ministro de Interior valorará cada caso de manera justa y equilibrada y, si decide que una familia debe de permanecer unida, el ciudadano irlandés deberá abandonar también el Estado». Esta sentencia revoca una decisión del Tribunal Supremo de Irlanda de 1990 que concedía la nacionalidad irlandesa a los padres o tutores de aquellos nacidos en la República.
De otra parte, tres funcionarios de la Policía francesa del Aire y de las Fronteras (PAF) han sido suspendidos de sus funciones tras la muerte de un inmigrante somalí indocumentado cuando iba a ser expulsado de Francia, informaron ayer fuentes oficiales. Los tres agentes suspendidos de forma provisional hasta que se conozcan los resultados de una investigación en curso son los que acompañaban al fallecido, Mariame Getu Hagos, de 25 años, en el momento de su expulsión a Suráfrica en un avión de la compañía aérea Air France.