La denuncia fue presentada ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 por los dos ciudadanos ecuatorianos afectados, Juan Antonio Merino y John Àlvaro Ordóñez, quienes estuvieron acompañados por Ramon Mayol y Chaker Boussel, ambos representantes de la formación política Els Verds, y por la abogada Cristina Molina.
A las puertas de los juzgados, Merino y Ordóñez afirmaron haber sido detenidos el pasado día 12 de enero a las diez de la mañana en ses Figueretes en un control de documentación. Según la denuncia, Ordóñez, de 24 años de edad, dijo a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que ya tenía abierto un expediente para su expulsión del país y, en ese momento, «uno de los policías le cogió de la camisa dándole golpes contra el coche». El joven añade en su declaración que en Comisaría le hicieron sentarse y, mientras uno de los agentes que le detuvo le sujetaba, otro le golpeó en la cabeza, la cara y la espalda.
De allí -continúa-, fue conducido al calabozo, se le desnudó y se le mantuvo en el mismo cinco días sin que se le facilitara «agua ni comida ni se le abrió el calabozo para ir al aseo, por lo que tuvo que hacer todas sus necesidades dentro del calabozo».
Ordóñez mostró ayer un moratón en su ojo izquierdo como prueba de los malos tratos y aseguró haber recibido amenazas por parte de los agentes si denunciaba lo ocurrido.
Merino coincidió en la denuncia con su compañero, aunque, en su caso, refleja en la misma que fue «conducido al calabozo corriendo a pesar de que se encontraba incapaz de andar». Al ser puesto en libertad, también el jueves día 16, «fue informado por el policía de que no podía poner denuncia porque no tenía derechos», refleja la denuncia.
Por su parte, el comisario de Eivissa, Àngel Marí, rememoró que tanto Ordóñez como Merino, junto a otros dos ciudadanos ecuatorianos, fueron detenidos como sospechosos del asalto a una mujer de 65 años en ses Figueretes el día 12. La víctima precisó de 40 puntos de sutura en un dedo tras ser atacada con un cuchillo.
Para Marí, en la detención y posteriores diligencias se «respetaron todas la garantías jurídicas y policiales». «No hubo maltrato -añadió Marí- y sí se dio de comer y beber a los detenidos, lo normal en estos casos». El comisario no dudó en asegurar que si algún agente «ha hecho alguna cosa mal se le aplicarán las medidas correspondientes». Sobre la permanencia de cinco días en los calabozos de los detenidos, el responsable del CNP en Eivissa dijo que se debió «a una decisión judicial», puesto que la policía sólo tiene potestad para privar de libertad durante 72 horas.Desde Els Verds se insistió en que en Comisaría «no se respetan los derechos humanos». Mayol recordó una reunión mantenida el pasado diciembre con la directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui, y el Inspector de Servicios del CNP en Balears, Manuel Bouzas, en la que, explicó, se dijo que se abriría una investigación interna para aclarar una denuncia anterior por malos tratos. «Ante los nuevos hechos -razonó- vemos que, o ha sido ineficaz, o importan poco los derechos humanos».
En este sentido, la directora insular indicó ayer a este periódico que dicha investigación «está en marcha, aunque aún no se ha resuelto». Asimismo, criticó el hecho de que este tipo de denuncias se generalicen al global de los agentes de Comisaría y ofreció toda su colaboración en las investigaciones que se deriven de la denuncia presentada ayer. «Si hay algún policía que no respeta los derechos de las personas soy la primera que desea que se le aparte del servicio», añadió.