El Ministerio de Fomento propondrá modificar la clasificación del suelo urbanizable y no urbanizable, y tratará de perfeccionar los métodos de valoración del suelo, ante la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo 17 de diciembre con representantes de todas las comunidades autónomas, entre ellos, Francesc Quetglas.
El documento con la propuesta ministerial señala que la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable evitará la excesiva rigidez de la definición actual y la posible discrecionalidad municipal. Asimismo, se propondrá mejorar las reglas básicas para el ejercicio del derecho de transformación del suelo urbanizable adaptándolas a los criterios del Tribunal Constitucional salvaguardando, al mismo tiempo, las competencias urbanísticas de las Comunidades Autónomas, según su legislación urbanística.
Con respecto a la valoración del suelo urbanizable, el Ministerio propone que deberán reducirse todos los gastos que conlleva la transformación del suelo. En este sentido, muchas comunidades han manifestado la necesidad de modificar el criterio de valoración del suelo urbanizable para evitar la interpretación de algunos Jurados de Expropiaciones y Tribunales de Justicia, al aplicar valores de repercusión, sin deducción de gastos, a suelos donde todavía no se ha producido ninguna transformación.
Con este propósito se propone incluir en el proyecto de ley del suelo, actualmente en tramitación que, en todos los casos, «en la valoración del suelo urbano deberán deducirse todos los gastos» necesarios para que el terreno correspondiente alcance la condición de solar. Fomento propondrá que la Ley incluya disposiciones transitorias acerca de la clasificación del suelo, que permitan su aplicación desde la entrada en vigor de la misma y que en lo relativo a las valoraciones del suelo, las disposiciones sean aplicables siempre que no se haya fijado el justiprecio en vía administrativa.
En cuanto a los arrendamientos, para dinamizar el alquiler de viviendas, Fomento se plantea estudiar las medidas necesarias para dotar de mayor cobertura jurídica a los arrendadores. Actualmente, la demanda de viviendas de alquiler en España "que se sitúa en torno al 12 por ciento" es muy superior a la oferta, lo que supone un grave inconveniente para las familias con escasos recursos económicos, para los jóvenes que quieran independizarse y para la movilidad geográfica laboral. Por ello se buscan medidas para poder ampliar este mercado.