La Unión Europea (UE) aprobará en los próximos días una decisión marco y una directiva para luchar de forma «más eficaz y contundente» contra el tráfico de seres humanos, que castiga a los 'pasadores' de ilegales al territorio comunitario con un mínimo de 8 años de cárcel. Según explicó el ministro de Justicia, José María Michavila, la decisión fue cerrada ayer en la reunión que se celebra en Luxemburgo, aunque será aprobada formalmente después de que el Parlamento holandés dé su luz verde en los próximos días. «Este mismo fin de semana en España hemos tenido la evidencia de que es necesaria una acción más contundente y decidida de todos los países de la UE», indicó.
En concreto, las nuevas normas prevén una definición común del delito de tráfico de seres humanos y el castigo a estas personas con penas de al menos ocho años, contemplando agravantes para las organizaciones criminales que pongan en peligro la vida de las personas. Incluyen también medidas adicionales a la prisión que tienen por fin evitar que se continúe realizando la actividad delictiva, tales como el decomiso de los bienes objeto del delito, la prohibición definitiva del ejercicio de la profesión con la que se ha delinquido o, incluso, si es el caso de personas no nacionales, la expulsión del país.
La norma establece que la elección entre repatriación o cumplimiento de la pena quede en manos del juez. Sin embargo, el ministro está estudiando que «para determinados delitos cometidos por inmigrantes ilegales en España la medida que establezca el ordenamiento jurídico sea la de expulsión». El cierre de empresas implicadas en este tipo de delitos no se producirá siempre, sino «cuando la acción sea punible».