La policía ha trasladado a centros de internamiento de Madrid a un grupo de 30 inmigrantes que habían participado en el encierro de la Universidad de Sevilla y que se les había notificado la expulsión con anterioridad. Según la red de apoyo a los inmigrantes encerrados, la Universidad y el Defensor del Pueblo son los «responsables y copartícipes» del «nefasto» desenlace del encierro. La estricta aplicación de la Ley de Extranjería, tal y como había advertido el Gobierno a los inmigrantes encerrados en la UPO, está resultando en una gran bolsa de expulsiones, al no contar con los requisitos suficientes para permanecer en España. Hasta el momento cien de los 275 desalojados el jueves por las fuerzas de seguridad deberán volver a sus casas, según ha informado ya la policía a los propios interesados.
Mientras, partidos políticos y organizaciones sociales siguen enzarzadas en un 'rifi"rafe' en el que de momento lo único claro es que los inmigrantes han sido manipulados. Por sus propios congéneres, según los partidos políticos; por el Gobierno de Andalucía y la rectora de la Universidad, según el PP; por la Universidad y por la rectora, según la red de apoyo a los inmigrantes. Una tela de araña en la que todavía siguen coleando las declaraciones. El secretario general del PP"A, Antonio Sanz, pidió ayer la dimisión de la rectora, la socialista Rosario Valpuesta, y exigió responsabilidades en el Gobierno andaluz por alentar el encierro de inmigrantes en las dependencias universitarias.
Sanz cree que la rectora ha quedado desacreditada porque ha puesto de manifiesto intereses políticos espúreos al sumarse a la operación política de desgaste del Gobierno de la Nación de cara a la huelga general del 20 de junio y la Cumbre de Sevilla. Por su parte, la secretaria del Area de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que las autoridades hicieron lo que tenían que hacer en ese momento ya que la situación en la Universidad no se podía mantener por más tiempo.
Por otra parte la Guardia Civil detuvo ayer a 22 inmigrantes indocumentados de origen subsahariano, once de ellos mujeres, en un paraje costero de Tarifa (Cádiz), donde desembarcaron para acceder a la península tras cruzar de forma clandestina el Estrecho de Gibraltar. Según la Guardia Civil, los inmigrantes, once varones y once mujeres, fueron localizados sobre las 12.00 horas cuando deambulaban por la zona conocida como Puntazo Mina, cerca de la batería militar de Paloma Baja.